Izquierda Unida León local presenta una moción en defensa de la urgente reforma de financiación local

La organización local de Izquierda Unida León ha presentado una moción al Ayuntamiento impulsando una revisión de las leyes que han estado vigentes desde los gobiernos del PP y PSOE, en concreto la «la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP» para aprobar una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos y disponer de la participación en los ingresos del Estado.

Carmen Franganillo, coordinadora local, ha incidido en que «la reforma de la financiación municipal se ha retrasado más de tres décadas, por lo que la necesidad de su implantación es primordial, más si tenemos en cuenta las responsabilidades que han tenido que asumir las comunidades tras la crisis del COVID; llevando a cabo un esfuerzo inversor importante al asumir competencias impropias y realizar esfuerzos encomiables para ampliar el escudo social para proteger a las familias, bonificando en tasas a la hostelería y al comercio local, o garantizando servicios sociales básicos.»

Desde la organización han defendido que «el sistema de financiación local debe combinar la presencia de un espacio fiscal propio que incluya impuestos (propios y compartidos), tasas, precios públicos y contribuciones especiales que permitan a los gobiernos locales ejercer su autonomía con un conjunto de transferencias que cubran la brecha existente entre las necesidades de gasto estimadas con base a las competencias asumidas y a la capacidad fiscal.»

Además, la moción incide en que «La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) siempre ha planteado como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos, por lo que es necesario garantizar un debate conjunto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y con un modelo concertado entre Gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos.»

Así, los acuerdos han recogido la derogación de la mencionada ley, aprobando una nueva normativa que conceda autonomía financiera a las entidades locales. Además, se ha instado al gobierno en varios puntos, como iniciar la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, cumplir el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda sobre gestión directa de los Fondos Europeos de Reconstrucción Económica y abrir la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad autónoma.

Otros puntos han tocado reformas a la propiedad inmobiliaria, regulando el recargo sobre viviendas vacías para que se pueda aplicar con seguridad jurídica y realizando reformas legislativas necesarias para dar un tratamiento más favorable a la vivienda habitual frente a segundas viviendas. También se ha pedido revisar los beneficios fiscales de la Iglesia católica en lo tocante a tributos como el IBI; reforzar la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado, garantizando que las transferencias del Estado a los ayuntamientos cumplen unos compromisos sobre su evolución y revisión permanente y evitando las importantes desviaciones; y, entre otras, mantener el sistema de coparticipación en las grandes figuras tributarias (IRPF, IVA e Impuestos Especiales), al menos para las ciudades, así como estudiar la posibilidad de ceder a esos gobiernos locales alguna forma de competencia normativa.