Izquierda Unida León local presenta una moción para la atención personalizada en las sucursales de León

El documento va dirigido a mejorar las condiciones de acceso a la banca a la población afectada por la brecha digital

La organización local de Izquierda Unida ha llamado la atención sobre el empeoramiento de los servicios bancarios: “se justifica el cierre de oficinas, despido de personal y reducción del horario de atención al público en la disminución de beneficios de 2018. Así, a pesar del incremento de ganancias desde finales de 2020, se continúa recortando servicios y aumentando comisiones; todo ello para centrarse en grandes clientes.”

Carmen Franganillo, coordinadora local, explica que “esta situación da lugar a que muchas gestiones ya no se puedan realizar en ventanilla, sino a través del cajero automático o de la banca online, afectando negativamente a gran parte de la población.”

Motivos de la moción

La organización ha indicado que “según los datos del Banco Nacional de España del 2021, se han cerrado un 10% de oficinas desde 2019. Esto, unido al hecho de que León es una de las provincias con mayor índice de población envejecida, da lugar a que el recorte de servicios de la banca afecte a quienes perjudica la brecha digital, especialmente a la gente mayor, pues dos de cada tres personas mayores de 65 años no utilizan internet y el hecho de no poder manejar su propio dinero las pone en una situación vulnerable.”

Del mismo modo, han recalcado que “el propio Banco de España advierte que ‘las personas mayores y aquellas con bajo nivel de renta o con algún tipo de discapacidad son las más perjudicadas’ por este proceso de continua digitalización, pudiendo ‘dificultar el acceso a efectivo a quienes lo usan como medio de pago principal o único.’”

Según defienden, “la gente necesita y merece un servicio justo y digno, atención personalizada para los colectivos vulnerables y que los intereses de la mayoría social no estén sometidos a los beneficios millonarios de una minoría indolente.” Además, han incidido en el hecho de que “la banca debe aún 64.000 millones de euros a la población, a costa de quienes pretenden enriquecerse mediante el uso de publicidad engañosa y cobro de comisiones abusivas.”

La propuesta

La moción insta, primeramente, a las entidades financieras a dotarse de recursos para atender de forma presencial y ofrecer un servicio adecuado durante el horario de oficina. En especial a la gente mayor que no puede acceder a la banca digital y se ve abocada a situaciones penosas cuando tienen que realizar gestiones cotidianas, como el pago de recibos o el retiro de efectivo.

Desde Izquierda Unida se han dirigido al Ayuntamiento de León que, según defienden, “debería dar amparo y defensa a sus vecinos y vecinas”, pudiendo elaborar “un código de buenas prácticas para firmar con las entidades bancarias que operan en la ciudad y así asegurar una atención presencial y personalizada, facilitando el acceso a las cuentas de ahorro de forma sencilla.” El documento continúa solicitando el compromiso, en función de las posibilidades legales, de dejar de trabajar con las entidades que no atiendan de forma adecuada, especialmente a la gente afectada por la brecha digital: “Aquellas que hayan cerrado oficinas en la ciudad o que no atiendan personalmente a la población no merecen recibir beneficios de la concesión de préstamos o del pago de los recibos municipales.” Otra petición sería la de crear una Oficina Técnica del Mayor como servicio específico de acompañamiento digital para gestiones bancarias, dirigido a las personas mayores que no tengan la posibilidad de aprender por sí mismas el manejo de estas herramientas, incluyendo casos de asistencia domiciliaria.

La organización también ha pedido a la banca en general que “desistan de fijar el cobro de comisiones de mantenimiento a pensionistas y otros colectivos vulnerables y se centren en ofrecer servicios de calidad para atender las diferentes necesidades y poder así dar respuesta a cada persona.” Y han instado a las entidades a dar la información adecuada, legal y transparente sobre los servicios y productos que ofertan.

Finalmente, se han dirigido al gobierno de España para que se desarrolle un marco legal que no permita a las instituciones financieras abusar de la situación de brecha digital que afecta especialmente a sectores vulnerables como nuestros mayores; dando traslado de la propuesta al Ministerio de Consumo, al Ministerio de Hacienda, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Junta de Castilla y León.

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