En Común denuncia el ataque de la Junta a la protección de los montes quemados este verano en la provincia de León

La coalición electoral En Común denuncia la grave irresponsabilidad de la Junta de Castilla y León al autorizar la caza en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León, sin respetar el plazo de cinco años que establece la Ley de Montes para garantizar la regeneración ambiental de los terrenos arrasados por el fuego. Esta decisión, publicada en el boletín oficial, confirma una vez más que el Gobierno autonómico del PP antepone intereses particulares y presiones del lobby cinegético a la protección del patrimonio natural y al interés general de la ciudadanía.

Para el cabeza de lista de la coalición, Sergio Carro, “resulta inaceptable que apenas unos meses después de que miles de hectáreas quedaran devastadas por unos incendios que marcaron uno de los peores episodios ambientales de nuestra historia reciente, la Junta considere que los montes ya están en condiciones de soportar actividad cinegética como si nada hubiera ocurrido. Permitir la caza en este contexto no solo contradice el espíritu de la legislación vigente, sino que transmite un mensaje peligroso: que la protección ambiental es secundaria cuando entran en juego determinados intereses económicos”.

Desde En Común consideramos que esta medida evidencia una política ambiental profundamente regresiva, que banaliza las consecuencias de los incendios forestales y debilita las garantías legales diseñadas precisamente para evitar que el territorio sufra una doble agresión, primero por el fuego y después por la explotación prematura de sus recursos. La ley establece con claridad un periodo de suspensión de los aprovechamientos cinegéticos para favorecer la recuperación natural de los montes quemados, y modificar de facto ese principio mediante resoluciones administrativas supone una deriva preocupante en la gestión pública.

“Desde la coalición En Común reafirmamos nuestro compromiso con una gestión sostenible del territorio, basada en criterios científicos, en el respeto estricto a la legalidad y en la defensa del interés general frente a los privilegios de unos pocos”, concluye Carro.

Exigimos a la Junta que rectifique de inmediato, que respete los plazos de protección establecidos por la ley y que sitúe la recuperación ambiental y la seguridad ecológica de nuestros montes en el centro de su acción política.