Izquierda Unida León denuncia que el acuerdo PP-VOX profundiza en las desigualdades y no ofrece soluciones reales para el futuro de la provincia de León

Izquierda Unida León considera que el acuerdo de gobierno suscrito entre PP y VOX para Castilla y León supone la consolidación de un modelo político que combina rebajas fiscales para las rentas más altas, recortes en la capacidad de actuación de las administraciones públicas y un preocupante retroceso en derechos sociales y civiles.

Para Izquierda Unida, el documento evidencia un giro ideológico que se aleja de las necesidades reales de la ciudadanía y que no afronta los principales problemas de la Comunidad y de la provincia de León: la despoblación, el envejecimiento, la pérdida de actividad económica, la precariedad laboral y el deterioro de los servicios públicos.

El coordinador provincial de Izquierda Unida León, Sergio Carro, ha señalado que «este acuerdo representa la consolidación de una agenda política que combina recortes fiscales para quienes más tienen con recortes de derechos para quienes más necesitan la protección de las administraciones públicas».

Izquierda Unida critica especialmente la apuesta del acuerdo por nuevas rebajas fiscales, bonificaciones en impuestos y reducción de tasas autonómicas. A juicio de la formación, estas medidas limitan la capacidad de financiación de servicios esenciales como la sanidad, la educación, la dependencia o las políticas de cohesión territorial, precisamente en una comunidad caracterizada por la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población.

En este sentido, Carro ha afirmado que «mientras continúan existiendo problemas de acceso a la sanidad en el medio rural, falta personal en numerosos servicios públicos y miles de familias sufren dificultades para acceder a una vivienda o a una atención adecuada, PP y VOX vuelven a optar por reducir los ingresos públicos en lugar de reforzar las inversiones necesarias».

Uno de los aspectos que genera una mayor confrontación con los principios defendidos por Izquierda Unida es el capítulo dedicado a inmigración. El acuerdo incorpora medidas como la repatriación de menores migrantes no acompañados, la supresión de ayudas a entidades sociales que trabajan con personas migrantes, nuevas restricciones en el acceso a recursos públicos y auditorías específicas sobre el gasto vinculado a inmigración.

Para Izquierda Unida, estas propuestas responden a una estrategia de confrontación ideológica que no aporta soluciones reales a los problemas demográficos que atraviesa Castilla y León.

«PP y VOX vuelven a utilizar a los colectivos más vulnerables como herramienta de confrontación política, especialmente en materia de inmigración, mientras ignoran los verdaderos problemas que sufren los leoneses y leonesas: la despoblación, la pérdida de empleo, el envejecimiento y el deterioro de los servicios públicos», ha señalado Sergio Carro.

Izquierda Unida muestra su preocupación por el cuestionamiento de las políticas ambientales y climáticas que aparece reflejado en el acuerdo. El rechazo explícito a la Agenda 2030 y al Pacto Verde Europeo, así como la flexibilización de determinados controles ambientales, supone un paso atrás en la necesaria transición ecológica.

Desde Izquierda Unida se defiende una transición energética justa, capaz de compatibilizar la lucha contra el cambio climático con la creación de empleo, la protección del territorio y el fortalecimiento del medio rural. Por ello consideran que la estrategia planteada por PP y VOX responde más a una confrontación ideológica con las políticas ambientales europeas que a una verdadera planificación del futuro económico de Castilla y León.

Asimismo, Izquierda Unida muestra su rechazo a las medidas relativas a vivienda, que establecen criterios de acceso vinculados a largos periodos de empadronamiento y a la denominada «prioridad nacional», así como a la oposición expresa a la Ley Estatal de Vivienda. La formación considera que el acceso a una vivienda digna debe configurarse como un derecho universal y no como un privilegio condicionado por criterios excluyentes.

Igualmente preocupantes resultan los planteamientos recogidos en materia educativa y de memoria democrática. La defensa del modelo de libre elección de centro, el cuestionamiento de programas vinculados a la diversidad cultural y la propuesta de una nueva Ley de Concordia son interpretados por la organización como intentos de debilitar la escuela pública y relativizar la memoria histórica y democrática.

Para Izquierda Unida, la situación de León exige una estrategia mucho más ambiciosa que permita afrontar el declive demográfico, la pérdida de peso industrial y las dificultades de amplias zonas rurales y comarcas especialmente castigadas por la reconversión económica, como El Bierzo, Laciana, Omaña o las cuencas mineras.

«León necesita una estrategia de reindustrialización vinculada a la transición ecológica, empleo estable y servicios públicos fuertes. Frente a quienes utilizan la confrontación ideológica para ocultar la falta de soluciones, Izquierda Unida seguirá defendiendo una alternativa basada en la justicia social, la igualdad y el desarrollo equilibrado de nuestro territorio», ha señalado Carro.

Finalmente, el coordinador provincial ha concluido que «el futuro de León no pasa por competir con otros territorios ni por señalar a quienes vienen de fuera. El futuro de León pasa por generar oportunidades para que nuestra juventud pueda quedarse, por recuperar actividad económica y por garantizar derechos y servicios públicos en cada pueblo y cada comarca de la provincia».

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